La Ley de Dependencia es en sí misma una ayuda y protección a las personas dependientes con falta de autonomía ya sea física, mental, intelectual o sensorial que precisan ayuda en su día a día para realizar las actividades básicas de la vida diaria.
Esta Ley tiene carácter de legislación básica estatal, es decir, existe reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma. En en caso de la Junta de Extremadura, lo tramita el SEPAD (Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia).
La Ley de Dependencia contempla tres grados. Se basa en ellos para decidir la ayuda que precisa la persona dependiente.